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Finalmente el texto de la Ley que pretendía reformar la política europea sobre inmigración ha sido rechazado, ya que 10 países, entre los que se encuentran Italia, Austria, Alemania y la República Checa, exigen medidas aún más duras. Quieren que les cueste menos dinero y echar a la gente sin importar que se reúnan las condiciones y garantías necesarias. En el caso francés llegan aún más lejos, al pedir que se pueda expulsar a los menores prácticamente sin garantías, incluso si están en pleno curso escolar.

En la actualidad se calcula que en la UE hay cerca de 8 millones de ciudadanos sin papeles, para los que parece ser que se acercan malos tiempos.