Fuente: Prensa Latina
Entidades defensoras de los derechos de las mujeres destacaron hoy la importancia de la primera condena emitida por un tribunal en Guatemala bajo la ley contra el femicidio y otras formas de violencia de género.
Las agrupaciones consideran la pena de cinco años de prisión impuesta a Calixto Simón Cum por golpear a su esposa, como un hito en la historia de la reivindicación de las garantías de la población femenina.
Delia Castillo, representante del Organismo Judicial, explicó a Prensa Latina que la violencia de género es un fenómeno escalonado, el cual comienza por agresiones físicas o psicológicas y -de no tomar medidas- puede llevar hasta el asesinato.
Lamentablemente, dijo Castillo, muchas veces ellas no denuncian los golpes o, cuando lo hacen, las autoridades no accionan de manera correcta y eso trae graves consecuencias.
Durante 2008 se registraron en el país 722 asesinatos de mujeres y en muchos casos estuvieron precedidos por ataques de los convivientes o familiares de los cuales se hizo caso omiso, precisó la funcionaria.
La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar destacó la importancia de esta condena por agresión física, porque demuestra la eficacia de las nuevas normas para que el Estado cumpla su función de proteger la vida y la seguridad.
Aunque no se logró la máxima sanción prevista por la legislación, este es un paso contra la impunidad en la cual permanecen los asesinatos de féminas, señaló Hilda Morales, de la Red de la No Violencia contra la mujer.
La activista agregó que aún falta un largo camino por recorrer, como fortalecer las estructuras de administración de la justicia, sensibilizar a jueces y fiscales y lograr la participación activa de la sociedad civil.
“En la actual Guatemala, donde campean la impunidad y la dispersión institucional, este caso es pequeño, pero el mensaje es claro: la mujer sabe que puede denunciar y no estará sola”, precisó Morales.
Hombres y mujeres de distintas razas, clase social, condiciones económicas y edades cruzan las fronteras en busca de una vida mejor. Se calcula que cerca de 200 millones de personas viven fuera de sus países de origen, siendo la mitad mujeres.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género entre la población extranjera inmigrante. La norma contempla la formación especializada de los profesionales que atienden a mujeres inmigrantes. El Ministerio de Igualdad desarrollará campañas de sensibilización y editará folletos informativos que serán traducidos a siete idiomas. En la nueva Ley de Extranjería figurará la posibilidad de obtención de un permiso de residencia temporal a las víctimas de violencia de género.
