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Se ha hecho una recomendación por parte del Defensor del Pueblo a los Fiscales para que, en los casos de procedimientos en los que haya de determinarse la edad de los extranjeros sujetos a una posible devolución, sea dictado el decreto de mayoría de edad antes de que se lleve a término tal devolución de un presunto menor extranjero.

Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, insta a que dicho decreto sea notificado fehacientemente al interesado y a su abogado, con el fin de que se pueda someter a revisión judicial el contenido del mismo.

La necesidad de esta reclamación deriva de la queja por devolución de dos presuntos menores, previamente a que el fiscal dictara decreto sobre su mayoría de edad.

La Fiscalía llegó a reconocer que la devolución se acordó sin que en comunicación verbal o de otros tipos, el Fiscal adelantara con fundamento en las pruebas médicas, su decisión sobre la expulsión.

Habían sido considerados adultos tras someterse a una prueba radiológica que llevó a establecer una edad ósea de 19 años. E incluso la Fiscalía consideró suficientes dichos informes, sin que conste que fueran realizadas otras pruebas médicas complementarias.

Teniendo en cuenta la consideración de la comunidad científica, el Defensor del Pueblo ya había concluido que un informe radiológico no puede servir para realizar una fijación científica de la edad. Proponía por ello unos procedimientos más rigurosos sobre la determinación de la edad para evitar fallos que puedan variar injustamente el destino de las personas.

Se siguen recibiendo quejas en la institución del Defensor del Pueblo que prueban la falta de garantías durante dichos procedimientos para determinar la edad.

Tampoco comparte el criterio de la Fiscalía de Sala de Extranjería donde afirman que sus instrumentos normativos aceptan una amplia flexibilidad formal  a la hora de comunicar las resoluciones adoptadas en los expedientes de determinación de la edad por el fiscal. Esta interpretación por parte de la Fiscalía situaría al presunto menor de edad en situación de indefensión y le priva del acceso al derecho a la tutela judicial efectiva.

En otro orden de cuestiones, el Defensor pone sobre aviso que en los casos de las llegadas a costas no se está realizando comparecencia ante el fiscal, quien debe tomar la decisión sin haber podido llegar a escuchar al presunto menor. Por ello, se llevó a cabo una recomendación que fue rechazada, para que se garantizara el trámite de audiencia al iniciar el procedimiento que acordara la realización de las pruebas necesarias para la determinación de la edad. Ese trámite se debería notificar al interesado del objeto del procedimiento, así como los derechos que le asisten, como formular alegaciones o recurrir la resolución dictada por el fiscal por la que se determinará su edad.

Dicha ‘flexibilidad formal’ de la Fiscalía, según opinión del Defensor del Pueblo, impide el acceso a los tribunales a los que afirmen ser menores de edad y que podrían encontrarse en situación de extrema vulnerabilidad. Por tal razón, se considera necesario dictar una instrucción que impida que se materialice la devolución de un presunto menor sin que se haya dictado el decreto que lo considere mayor de edad.

Todo ello en especial atención y sensibilidad respecto a los menores extranjeros no acompañados (MENAs), que conjugan unas condiciones de extrema vulnerabilidad, como el ser menores y extranjeros en situación irregular.

Noticia obtenida de Defensordelpueblo.es

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La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al extranjero.

Como ya sabéis, una de las autorizaciones de residencia y trabajo que contempla nuestra normativa es la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Se trata de una contratación en origen a través de la cual, consiguiendo una oferta de empleo con determinadas características, un trabajador extranjero podría obtener un permiso que le permita venir a residir y trabajar a España.

Los puestos vacantes que se mantienen pertenecen a las profesiones relacionados con el mar y el deporte profesional establecidas en publicaciones anteriores, y son: Deportistas profesionales, Entrenadores deportivos, Frigoristas navales, Jefes de máquinas de buque mercante, Maquinistas navales, Mecánicos de litoral, Mecánicos navales, Pilotos de buques mercantes, Sobrecargos de buques, Oficiales Radioelectrónicos de la marina mercante, Cocineros de barco, Auxiliares de buques de pasaje, Camareros de barco, Mayordomos de buque, Caldereteros, Engrasadores de máquinas de barcos, Bomberos de buques especializados, Contramaestres de cubierta (excepto pesca), Marineros de cubierta (excepto pesca) y Mozos de cubierta.

“Que la situación nacional de empleo permita la contratación. Lo permite si:

• a. La ocupación que va a desempeñar el trabajador en la empresa está incluida en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que el Servicio Público de Empleo Estatal publica trimestralmente.
• b. La Oficina de Extranjería competente considera que no se ha podido cubrir el puesto de trabajo a tenor del certificado que el Servicio Público de Empleo emite sobre la gestión de la oferta de empleo.
• c. La autorización va dirigida a nacionales de Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales (Chile y Perú).
• d. Pueden acreditar la concurrencia de un supuesto recogido en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000.”

Es decir, cuando hablamos de situación nacional de empleo, nos referimos a que, en principio, si el puesto que se ofrece es demandado por españoles o residentes legales en España, éstos van a tener preferencia frente a extranjeros de terceros estados.

Por tanto, no cualquier oferta de empleo sería válida para la solicitud de este permiso, sino que tendremos que acreditar alguno de los supuestos anteriormente mencionados para poder acceder a este permiso.

La Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2018, recoge aquellas ofertas de trabajo presentadas por los empleadores que son difíciles de cubrir en España, para las que no existen demandantes de empleo adecuados en el mercado nacional, por lo que requiere personal extranjero que venga a cubrirlos.

Dicha resolución establece lo siguiente:

“El artículo 65 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 establece que, a los efectos de determinar la situación nacional de empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la información suministrada por los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para cada provincia o demarcación territorial que, en su caso, establezca la correspondiente Administración Autonómica, así como para Ceuta y Melilla. En las provincias insulares, el Catálogo podrá establecerse para cada isla o agrupación de ellas.

Para la confección del presente Catálogo, el Servicio Público de Empleo Estatal ha tenido en cuenta criterios técnicos acerca del impacto sobre el empleo de la inclusión de las ocupaciones relacionadas con el sector de Marina Mercante, así como de los entrenadores y deportistas profesionales. Estos criterios se han establecido conjuntamente con las unidades de la Administración General del Estado, que por su ámbito de actividad tienen autoridad y conocimiento sobre las materias relacionadas con dichas ocupaciones.

La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al extranjero.

En virtud de la competencia que el mencionado artículo 65 confiere al Servicio Público de Empleo Estatal, esta Dirección General ha elaborado el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, con vigencia para el cuarto trimestre de 2018 y resuelve, previa consulta con la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, dar publicidad al mismo, incluyéndose su contenido en el anexo adjunto.

Madrid, 24 de septiembre de 2018.–El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy.”

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A fecha 14 de noviembre de 2018, el importe de la tasa de inscripción al examen DELE A2 asciende a un total de 130 euros.

El precio de inscripción en los exámenes DELE depende del nivel de español del diploma que se quiera acreditar, así como del país en el que se realice dicha inscripción.

Así, cada candidato puede consultar el precio del examen elegido en el centro de examen del país donde quiera llevar a cabo las pruebas.

De igual forma, durante el proceso de inscripción del examen, los candidatos pueden consultar el precio de cada examen durante el proceso de compra.

A fecha 14 de noviembre de 2018, este importe ha sido actualizado. Si hasta ahora el precio de esta tasa era de 124 euros, éste asciende a un total de 130 euros para las inscripciones en los exámenes DELE A2 que se realicen a partir de 2019.

Este ascenso coincide con la apertura del plazo de inscripción de las convocatorias DELE del próximo año. Puedes consultar las fechas de los exámenes de 2019 AQUÍ.

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Esta publicación está orientada especialmente para los empresarios de pequeñas, medianas o grandes empresas que quieren contratar a ciudadanos extranjeros y se encuentran en dificultades para poder realizar los trámites de contratación.

Con frecuencia sucede que algunas empresas necesitan cubrir vacantes con cierto perfil relacionado con los extranjeros y tienen serias dificultades de llevar a cabo los procedimientos, ya que tienen que cumplir con un requisito principal: el respecto a la situación nacional de empleo.

Es decir, cuando un empleador o empresario español quiere contratar a un trabajador extranjero, como norma general y previo a iniciar el procedimiento en la oficina de extranjería, debe comprobar, haciendo una oferta genérica de empleo en los Servicios de Empleo de la correspondiente Comunidad Autónoma, que no existen españoles o extranjeros apuntados en las listas del paro que pudieran ser candidatos a esa oferta de empleo. En tal caso, esos candidatos tendrían preferencia.

Suele realizarse así por norma general, salvo en los casos en que el puesto de trabajo esté publicado en el “Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura” en la que figura una lista con trabajos cuyas vacantes son difíciles de ocupar en nuestro país. Así que si no está en esta lista se hacen a través de sondeo, y es cuando en los servicios públicos de empleo aparece gente que está dispuesta a trabajar y por tanto, el empleador no puede contratar a la persona con el perfil que desea.

En otras ocasiones nos encontramos con que las personas que se ofrecen en los servicios de empleo no son válidas para la empresa, porque no tienen determinado perfil o formación que se requiere para las necesidades de la empresa. Este hecho dificulta mucho el proceso en extranjería, porque no tendríamos el visto bueno para continuar con el procedimiento.

En el vídeo explicativo adjunto, Vicente Marín nos ejemplifica al respecto una clásica circunstancia dentro del sector de transporte:

– Buscar a esos trabajadores en el listado de extranjeros preferentes. Son un grupo de extranjeros que no tienen que pasar por el INEM ni el SEPE, y podríamos contratar con cierta facilidad, como serían:

• extranjeros nacidos en España
• extranjeros que tienen a su cargo a un ciudadano menor de edad español
• cónyuges de residentes legales
• hijos de residentes legales con más de un año de residencia en España
• hijos de ciudadanos españoles
• nietos de españoles de origen, etc.

– Otro alternativa sencilla a la hora de contratar dentro de los grupos de extranjeros son los peruanos y chilenos, cuyos gobiernos tienen un convenio específico con España, por lo que tampoco tienen que pasar por el registro del sistema nacional de empleo. Por tanto, lo más fácil para una empresa sería buscar trabajadores en Perú y Chile, es decir, sería la fórmula más sencilla para que un empresario pueda cubrir determinados puestos de trabajo que tuvieran dificultad para ser cubiertos. Tanto en Chile como en Perú hay asociaciones empresariales como Cámaras de Comercio, asociaciones y sindicatos de trabajadores, que podrían servir de enlace para que empresas españolas puedan buscar ese perfil de trabajadores en esos países y traerlos a trabajar a España. La empresa tendrá que cumplir unos requisitos y el trabajador tendrá que estar capacitado para realizar dicho trabajo, pero no se estará sujeto a la situación nacional de empleo y, por lo tanto, el procedimiento será viable y habrá mayor oportunidad de éxito en la contratación final de este extranjero. Así que esta opción sería lo ideal para realizar contrataciones en origen a través del procedimiento de Régimen General de Autorización de Residencia y Trabajo por Cuenta Ajena.

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Hoy ha sido publicado en el B.O.E. el instrumento de adhesión a la Convención para reducir los casos de apatridia, que entrará en vigor para España el 24 de diciembre de 2018.

Dicha Convención, que considera conveniente reducir la apatridia mediante un acuerdo internacional,  tuvo lugar en Nueva York el 30 de agosto de 1961, y entró en vigor el 13 de diciembre de 1975 de forma general.

1. “Todo Estado contratante:

• concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá de pleno derecho en el momento del nacimiento, o mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre.
• cuya legislación prevea la concesión de su nacionalidad mediante solicitud podrá asimismo conceder su nacionalidad de pleno derecho a la edad y en las condiciones que prescriba su legislación nacional.

2. Salvo prueba en contrario, se presume que un expósito que ha sido hallado en el territorio de un Estado contratante ha nacido en ese territorio, de padres que poseen la nacionalidad de dicho Estado.

3.  El nacimiento a bordo de un buque o en una aeronave se considerará como ocurrido en el territorio del Estado cuyo pabellón enarbole el buque o en el territorio del Estado en que esté matriculada la aeronave.

4. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a una persona que no haya nacido en el territorio de un Estado contratante y que de otro modo sería apátrida si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del primero de esos Estados.

  Si los padres no tenían la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación de dicho Estado contratante determinará si el interesado sigue la condición del padre o la de la madre.

La nacionalidad se concederá: de pleno derecho en el momento del nacimiento, o mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre. Salvo lo dispuesto, la solicitud no podrá ser rechazada.

5. Si la legislación de un Estado contratante prevé la pérdida de la nacionalidad como consecuencia de un cambio de estado tal como el matrimonio, la disolución del matrimonio, la legitimación, el reconocimiento o la adopción, dicha pérdida estará subordinada a la posesión o a la adquisición de la nacionalidad de otro Estado.

6. Si la legislación de un Estado contratante prevé la renuncia a la nacionalidad, dicha renuncia sólo será efectiva si el interesado tiene o adquiere otra nacionalidad.

7. El nacional de un Estado contratante que solicite la naturalización en un país extranjero no perderá su nacionalidad a menos que adquiera o se le haya dado la seguridad de que adquirirá la nacionalidad de dicho país.

8. Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida.

9. Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona, o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.

10. Todo tratado entre los Estados contratantes que disponga la transferencia de un territorio incluirá disposiciones para asegurar que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de dicha transferencia.

11. Nada de lo establecido en la presente Convención se opondrá a la aplicación de las disposiciones más favorables para la reducción de los casos de apatridia que figuren en la legislación nacional en vigor o que se ponga en vigor en los Estados contratantes, o en cualquier otro tratado, convención o acuerdo que esté en vigor o que entre en vigor entre dos o más Estados contratantes.

12. La presente Convención entrará en vigor dos años después de la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.”

Fuente B.O.E.: Instrumento de adhesión a la Convención para reducir los casos de Apatridia, hecha en Nueva York el 30 de agosto de 1961.

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• 16h           Inicio del seminario y apertura de la Jornada
• 16.40h     “Nacionalidad española por Residencia” a cargo de los abogados D. Vicente Marín (Parainmigrantes.info), Dª Neyvi Tolentino, D. Luis E. Martínez y Dª Carmen Cazorla.
• 18h           Ley de emprendedores con D. Rafael Coloma y D. Maciel Morales.
• 18:40h    Régimen comunitario con Dª Elena García Cazorla.
• 19:20h    Régimen de estudiantes en España  con Dª Máchelin Díaz.
• 19:40      Visados con Dª Wendy Rodríguez.
• 20h          Expulsiones con D. Jorge Iturralde.

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Acuerdo Internacional entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Corea relativo al Programa de Movilidad Juvenil.

El objeto del acuerdo: es establecer un programa de movilidad juvenil con el fin de promover el intercambio entre los jóvenes y fomentar el entendimiento mutuo de los dos países, así como permitir a los jóvenes nacionales de España y de Corea combinar las vacaciones con la mejora de sus aptitudes lingüísticas, además de adquirir experiencia personal o profesional y ampliar su conocimiento de la cultura del otro país, principal propósito de su estancia.

•  ser nacional del Estado de la otra Parte;
•  tener entre 18 y 30 años, ambas edades incluidas, en el momento de la solicitud;
• no estar acompañado de personas dependientes;
• estar en posesión de un pasaporte válido del Estado de la otra Parte durante toda la estancia;
• estar en posesión de un billete de vuelta, o disponer de fondos suficientes para comprarlo;
• disponer de fondos suficientes para su manutención en el territorio del Estado de la otra Parte durante el periodo inicial de estancia, calculados a discreción de las autoridades pertinentes;
•  haber satisfecho todas las tasas oportunas de solicitud de visado;
• disponer, en el momento de la entrada en el Estado de la otra Parte, de un seguro médico y de hospitalización integral que tenga validez durante toda la estancia;
•  reunir todos los requisitos de salud que determine la otra Parte;
• cumplir todas las condiciones que impongan las leyes y los reglamentos de la otra Parte en materia de inmigración, en especial, aquellos referentes a la entrada, con independencia de la situación del mercado nacional de trabajo;
• carecer de antecedentes penales;
• no haber participado anteriormente en el Programa;
• y declarar que la finalidad de su viaje al Estado de la otra Parte es el previsto en el objeto del acuerdo.

Respecto a las responsabilidades de los Gobiernos: cada Parte expedirá un visado de larga duración y entrada múltiple a través de su Embajada o Consulado en el territorio del Estado de la otra Parte, de una validez de 1 año, periodo durante el cual se permitirá entrar, residir y trabajar temporalmente.

Asimismo se prevé que cada una de las Partes concederá a los nacionales del otro país hasta 1.000 visados de larga duración y entrada múltiple al año.

Se podrán conceder un número de visados de este tipo mayor que las previstas, así como las Partes se consultarán previamente dichos ajustes por vía diplomática.

Los participantes en el Programa obtendrán permiso para trabajar 12 meses como máximo durante su estancia en el territorio del país de destino y podrán hacerlo con el visado de larga duración y entrada múltiple sin ningún otro trámite administrativo, con independencia de la situación nacional de empleo.

Información obtenida del B.O.E.

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El Instituto Cervantes ha hecho públicas las fechas del examen DELE para el año 2019, cuyo plazo de inscripción se abre el 14 de noviembre de 2018.

Las convocatorias que se ofertan para esta prueba escrita en el año 2019 son las siguientes:

• FEBRERO 2019: El examen se realizará el 8 de Febrero de 2019. Fecha fin del plazo de inscripción: 9 de enero de 2019.
• ABRIL 2019: El examen se realizará el 5 de Abril de 2019. Fecha fin del plazo de inscripción: 6 de febrero de 2019.
• MAYO 2019: El examen se realizará el 25 de Mayo de 2019. Fecha fin del plazo de inscripción: 27 de marzo de 2019.
• JULIO 2019: El examen se realizará el 12 de Julio de 2019. Fecha fin del plazo de inscripción: 16 de mayo de 2019
• SEPTIEMBRE 2019: El examen se realizará el 13 de Septiembre de 2019. Fecha fin del plazo de inscripción: 24 de julio de 2019.
• OCTUBRE 2019: El examen se realizará el 4 de octubre de 2019. Fecha fin del plazo de inscripción: 21 de agosto de 2019
• NOVIEMBRE 2019: El examen se realizará el 23 de noviembre de 2019. Fecha fin del plazo de inscripción: 9 de octubre de 2019.

Ante cualquier posible cambio en alguna de las anteriores fechas, ¡seguiremos informando! También podéis encontrar toda la información en la web del Instituto Cervantes

Podéis consultar también las fechas para las convocatorias CCSE de 2019, AQUÍ

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La Red Eureka ha organizado un taller gratuito centrado en una temática tan actual como la cuestión de la residencia de venezolanos ante las recientes sentencias de la Audiencia Nacional sobre refugio.  Tendrá lugar el próximo día 13 de noviembre, de 11:00 a 13:30 horas, en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

La Red Eureka celebrará el “TALLER DE ANÁLISIS JURÍDICO A RECIENTES SENTENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL SOBRE REFUGIO: APLICACIÓN A RESIDENCIA DE VENEZOLANOS”, cuyo programa de las actividades será el siguiente:

• Apertura 11:00 A 11:10    Doña María Alexandra Vásquez Ruiz, Representante de la RED EUREKA
• De 11:10 A 11:50              Doña Mónica Del Castillo, Red Eureka, Letrada demandante en la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo.
• De 11:50 A 12:30             Don Francisco Ortiz, Oficial de protección de ACNUR-España.
• De 12:30 A 13:10             Doña Cecilia Estrada Villaseñor, Coordinadora de la Cátedra de Refugio de la Universidad de Comillas. DEBATE

ORGANIZADO POR: RED INTERNACIONAL DE ABOGADOS “EUREKA” 

La RED INTERNACIONAL DE ABOGADOS – EUREKA, se constituye como un espacio de profesionales del Derecho, donde intercambiar experiencias y conocimientos, así como brindar apoyo legal a los ciudadanos en general, la cual acoge tanto profesionales con experiencia como profesionales de reciente colegiación. La RED EUREKA nace de la vocación de todos sus integrantes por la defensa de los derechos fundamentales con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

ENTRADA GRATUITA Previa inscripción hasta completar aforo: info@riaeureka.org  Telf. 915336077

LUGAR: Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Calle Serrano Nº 9, 1º, Madrid Martes, 13 de noviembre de 2018 De 11:00 a 14:00 hrs

Para consultar el programa, pulse aquí

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¿Qué es una apostilla? ¿Para qué se utiliza? Es una cuestión básica en materia jurídica y de Extranjería. ¡Aquí tienes la respuesta!

La apostilla de La Haya es un cuño o sello que se estampa en un documento para legalizarlo o darle validez en otro país. Los países firmantes del convenio de apostilla de la Haya se benefician de este sistema simplificado de legalización de documentos.

La apostilla se agrega por detrás o en una página adicional a los documentos que la autoridad competente estampa sobre una copia del documento público para legalizarlo, es decir, para que el país receptor pueda verificar que el documento es auténtico, original y ha sido emitido por un organismo válido en el país de origen.

La apostilla se pone sólo en los documentos de aquellos países que han firmado el convenio de apostilla de La Haya, por lo que no todos los países han firmado tal convenio.

Esto supone un sistema de legalización del documento extranjero simplificado con respecto a aquellos países que no tienen firmado dicho convenio.

Por ejemplo, en los casos de países como Cuba, que no tienen firmado el convenio de la apostilla y, por tanto, para que tales documentos de Cuba valgan en España, tienen que venir legalizados y pasar por una serie de cadena de sellos y firmas que primero permitan legalizar Asuntos Exteriores de Cuba, que luego debe legalizar la Embajada de España (en Madrid) y luego en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Es importante señalar que la validez de los documentos una vez que llegan a España empiezan a contar desde la emisión de tales documentos o la puesta de la estampa de la apostilla de La Haya.

En conclusión, es un sistema de legalización simplificada vigente en muchos países que permite la legalización de esos documentos de manera rápida y simplificada, dándoles además validez cuando llegan a España. Por lo cual, un documento extranjero sin esa apostilla, o legalización de esos países que no forman parte del convenio de la apostilla de La Haya, no valdrá en España.

Vicente Marín nos explica al detalle qué es una apostilla y sus usos

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¿Cuánto tardan en dar los resultados de los exámenes de nacionalidad? ¿Tardan mucho en publicarse? ¿Tendré las calificaciones del CCSE y del DELE a la vez?

Es una pregunta muy frecuente entre usuarios y clientes, y es que cuando se decide iniciar el trámite para solicitar la nacionalidad española, el primer paso-salvo determinados supuestos de dispensa– será realizar la inscripción y realización de uno o dos exámenes de nacionalidad, según cada caso.

Como sabéis, dichos exámenes comprenden uno de los requisitos previos a la hora de tramitar la nacionalidad española:

• Por un lado, el examen CCSE, es una prueba que evalúa, a través de distintas tareas en modalidad de test, el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural de España. En otras palabras, es un examen tipo test sobre Constitución, cultura, historia y sociedad españolas.
• Por otro, las pruebas DELE sirven para acreditar el grado de competencia y dominio de la lengua castellana. Con distintas modalidades de pruebas, será necesario obtener al menos un nivel A2 para que tenga validez a efectos de nacionalidad española.

Cada uno de estos exámenes dispone de unos plazos determinados de inscripción y unas tasas a abonar, así como unas fechas concretas para realizarlos.

Pero, una vez se han realizado estas pruebas…¿Cuánto tardan en dar los resultados de los exámenes de nacionalidad? 

• Para el examen CCSE, el Instituto Cervantes publica las calificaciones 20 días tras la realización de la prueba.
• Para el examen DELE, esta institución las publica en un plazo de 2 meses tras haber realizado la prueba.

Es importante recalcar que estas fechas son aproximadas. Pero para todos aquellos que esperáis los resultados de vuestros exámenes…¡Paciencia y suerte! 

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El próximo lunes día 19 de noviembre de 2018 tendrá lugar el Seminario “Prácticas y Retos de la Apatridia”, organizado por la Oficina en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Dicha jornada se llevará a cabo durante la mañana, en horario de 9:30 a 14 horas, en el Impact Hub de Madrid, situado en C/ Gobernador nº 26.

El seminario, con un aforo limitado a 120 personas, está dirigido principalmente a personas con un perfil jurídico, si bien también podrán participar todos aquellos interesados en la materia en concreto que se abarcará.

Desde ACNUR presentan esta charla con el siguiente comunicado:

En el mundo existen 10 millones de personas apátridas de las cuales sólo 3,9 han podido ser identificadas. La invisibilidad de este fenómeno es un verdadero reto para el trabajo del ACNUR y su mandato de proteger a este colectivo.

Es por ello que en el año 2014, el ACNUR lanzó la campaña #Ibelong con el fin de terminar con la apatridia en un plazo de 10 años. En este compromiso, la oficina del ACNUR en España ha organizado en colaboración con la AECID una exposición sobre la apatridia en el mundo que se desarrollará durante el mes de noviembre en el Caixa Forum de Madrid.  

A su vez, hemos planeado el Seminario: “Prácticas y retos de la apatridia” como herramienta para comprender su alcance a nivel mundial, europeo así como la situación en España. Además, creemos que este Seminario puede ser una oportunidad para compartir  los avances de España en la reducción de los casos de apatridia tras la reciente adhesión a la Convención de 1961.

Para confirmar asistencia, puede hacerse vía email a garatepr@unhcr.org o bien llamando al 91 556 35 03 y 91 556 36 49 (de 10 a 17 h)

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El Consulado de Colombia en Sevilla ha publicado en su página web su agenda de actividades y servicios culturales que tiene programados para este mes de Noviembre de 2018.

Todos los que estéis interesados podréis asistir a las siguientes actividades, que entre ellas podemos encontrar propuestas como:

• Tomémonos un tinto: Espacio de encuentro para hablar de lo que nos une y de lo que tenemos en común / Miércoles 7 de noviembre – 19:00h.
• Taller terapéutico dirigido a víctima del Conflicto: Palabras de Paz / Jueves 8 de noviembre – 18:00h.
• Clases de salsa y otros ritmos colombianos / Viernes 16, viernes 23 y miércoles 28 de noviembre – 19:00h.
• Día de la familia colombiana: taller de gastronomía colombiana / Sábado 17 de noviembre – 11.00h.
• Taller de macramé: el arte de crear tejidos a través de nudos decorativos / Jueves 29 de noviembre – 19.00h.
• Jornada continua para hacer sus trámites / Tercer jueves de cada mes (en este caso 15 de noviembre).

En el archivo adjunto encontrará información sobre las diversas actividades expuestas.

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Una de las consultas más comunes que nos hacen se trata de si podemos prorrogar el tiempo que se puede quedar una persona en España con esta carta de invitación.

La Carta de Invitación, en sí misma, no se puede prorrogar. No existe un procedimiento previsto de ampliación del plazo concedido para la invitación.

Es decir, cuando un español o extranjero invita a una tercera persona lo hará por un determinado tiempo y ese plazo establecido en la carta de invitación no es susceptible de modificación alguna.

Cuestión aparte, que sí sería prorrogable, es el tiempo de estancia en España del ciudadano extranjero. Dependiendo del tiempo de estancia inicial:

•  si es de 90 días sin visado podrían prorrogar hasta otros 90 días adicionales, justificando que cumplen con los requisitos de estancia en España.
•  si llega con un visado de 30 días o 60 días podrá solicitar la prórroga hasta un límite máximo de 90 días.

¡Vicente Marín nos lo aclara en el siguiente vídeo!

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Existen diferentes motivos por los cuales se puede denegar la nacionalidad española:

• por falta de conducta cívica o antecedentes penales
• por falta de integración
• por falta de residencia legal anterior a la solicitud
• por documentos incorrectamente legalizados o apostillados

Sin embargo, con los expedientes del nuevo procedimiento hemos detectado que el principal motivo de denegación es la falta de residencia continuada anterior a la solicitud. La gran mayoría de requerimientos que se están llevando a cabo en los expedientes de nacionalidad española son los referentes a que el extranjero acredite su continuidad de residencia previa a la solicitud de la nacionalidad.

El Ministerio de Justicia solicita que se pruebe que se ha estado en España un tiempo mínimo exigido de residencia legal con tarjeta de residencia antes de hacer la solicitud, como pueden ser de un año, dos, cinco o diez años, y así mismo examina que esa residencia haya sido continuada. Es decir, que las salidas que hemos realizado fuera de España, anteriores a la solicitud de nacionalidad, no hayan superado unos tiempos aproximados de:

•  tres meses para los que soliciten la nacionalidad por un plazo reducido de uno o dos años.
•  seis meses para los que soliciten la nacionalidad por un plazo de hasta diez años de residencia.

Lo que estamos observando es que, a la hora de interponer demandas judiciales como el recurso contencioso administrativo, se nos hace este tipo de requerimiento para impulsar estos procedimientos en los casos en los que no está muy claro el tiempo que ha pasado el extranjero fuera de España.  

Los requerimientos que nos solicitan desde el Ministerio de Justicia suelen ser:

• certificados de movimientos migratorios
• fé de vida laboral
• contratos de trabajo
• certificados de padrón municipal

Analizan si de esa documentación se presume que el extranjero ha estado viviendo con continuidad en España o, al menos, si ha realizado alguna salida que no interrumpa la continuidad necesaria para adquirir la nacionalidad española.

En este punto es donde puede haber complicaciones para aquellas personas que hayan viajado mucho o incluso para personas que viven fuera de España, pero que tienen su solicitud de nacionalidad en trámite.

Aparte de todos los requerimientos anteriormente citados, también están observando detalles como dónde se han realizado los exámenes del Instituto Cervantes, si ha sido en territorio español o en el exterior.

Todos ellos son elementos que, a la hora de ser analizados y valorados conjuntamente por el Ministerio, pueden hacerles llegar a la conclusión de que esa persona no ha estado residiendo con continuidad en España previamente a la solicitud. Es justo aquí donde se podrían encontrar mayor cantidad de denegaciones de nacionalidad. Anteriormente se denegaba por falta de integración, pero hoy en día esto no supone un problema, porque con la superación de los exámenes ya se justifica esa integración.

 Como conclusión, observando los últimos requerimientos de los expedientes de nacionalidad que llevamos en nuestra oficina Parainmigrantes, la cuestión más problemática está resultando la mencionada residencia continuada anterior a la solicitud como requisito donde se exige una valoración subjetiva por parte del Ministerio de Justicia que está provocando un mayor número de denegaciones.

En el siguiente vídeo, Vicente Marín, abogado experto en derecho de extranjería e inmigración y director del portal Parainmigrantes.info, lo explica con todo detalle:

Si tienes más dudas puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de asesoría jurídica en el 807502019.Coste del servicio 1,21 €/min fijo, 1,57 €/min móvil. +18 años impuestos incluidos. Responsable del Servicio Vicente Marín – Abogado Colg 4954 ICAGR Avenida Fernando de los Ríos 11, Portal 5, Oficina 22. 18100 Armilla – Granada

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El próximo jueves día 15 de noviembre, a las 19 horas, se celebrará en el Salón de Actos del ICAM la jornada “Protección Internacional y Estatus de Protección Temporal: Caso Venezuela”, organizada por la sección de Derechos Humanos del mismo Colegio.

Dicha jornada estará enfocada en el debate de la situación en Venezuela, de la que se expone en el anuncio de esta charla lo siguiente:

“El derecho de asilo se encuentra reconocido en el art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desarrollado en la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo. En España, la Ley 12/2009 de 30 de octubre regula el derecho de asilo y protección subsidiaria.

En el año 2017, España recibió un total de 10.355 solicitudes de protección internacional por parte de personas procedentes de Venezuela, de acuerdo al informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR:

• “Venezuela fue, por segundo año consecutivo, el país de origen de un mayor número de solicitantes…Un incremento muy notable frente a los 3960 de 2016 y, más aún, frente a los 596 de 2015”

Por otro lado, visto el flujo significativo de personas venezolanas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, en marzo de 2018, emitió una Nota de Orientación. 

Asimismo, en recientes Sentencias de la Audiencia Nacional, previo recurso de la persona interesada, se reconoció la protección humanitaria en base a la situación existente en la actualidad en Venezuela”

Así, la jornada contará con la participación de:

• Sandra González de Lara Mingo, Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Segunda
• Paloma Favieres, Directores de los Servicios Jurídicos de CEAR
• Juan Carlos Arnáiz, Oficial de Protección Adjunto de ACNUR España
• Como moderador, Carlos Brito Siso, Presidente de la Sección de Derechos Humanos del ICAM

La asistencia es gratuita hasta completar aforo, y para poder asistir es necesario realizar inscripción previa en ESTE ENLACE

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Estado del Plan Intensivo de Nacionalidad.- Como todos sabéis, el 6 de abril del año 2015 se firmó la Encomienda de Gestión de los Expedientes de Nacionalidad, es decir, lo que conocemos como Plan Intensivo de Nacionalidad, o PIN 2015.

Gracias a este Plan Intensivo de Nacionalidad se tramitan todos los expedientes de nacionalidad que hayan tenido entrada en el Ministerio de Justicia desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Desde que se publicara en el Boletín Oficial del Estado la entrada en vigor de dicha encomienda hemos estado pendientes de cuándo realmente se comenzaban a digitalizar los expedientes, cuántos hay ya registrados y cuántos se han resuelto.

Nº de expedientes digitalizados desde el inicio del PIN: 909.944

Nº de expedientes complementarios digitalizados: 394.704

Nº de expedientes tramitados por los Registros: 873.300

Nº de expedientes en los que se ha solicitado documentación adicional: 104.037

Nº de expedientes informados por los Registros: 850.763

Nº de expedientes resueltos por el Ministerio de Justicia: 843.203

Nº de páginas digitalizadas: 61.317.383

Para más información pulse aquí

Para más información sobre el PIN pulse aquí

Si tienes más dudas puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de asesoría jurídica en el 807502019.



Coste del servicio 1,21 €/min fijo, 1,57 €/min móvil. +18 años impuestos incluidos. Responsable del Servicio Vicente Marín – Abogado Colg 4954 ICAGR Avenida Fernando de los Ríos 11, Portal 5, Oficina 22. 18100 Armilla – Granada

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El taller gratuito “Vives Emprende para Migrantes”: Ayudas para emprender tendrá lugar el próximo lunes 12 de noviembre de 10 a 14h en Madrid, sobre las alternativas de financiación y otros recursos para poner en marcha tu propio negocio.

Este taller está dirigido a aquellas personas extracomunitarias con NIE que se planteen emprender y tengan ya una idea de negocio que quieran ver concretada.

El requisito indispensable es llevar una copia de la tarjeta de demandante de empleo o de mejora de empleo actualizada.

Las alternativas de financiación y otros recursos para poner en marcha un negocio, serán basadas en:

• El programa de micro financiación de Acción contra el Hambre

• Capitalización de la prestación por desempleo

• Ayudas para emprendedores/as de la Comunidad de Madrid

• Crowdfunding: un sistema de financiación colectiva

• Atrévete y da el paso: claves para comenzar con buen pie

Se realizará en el Instituto de México, sito en Carrera de San Jerónimo, 46 (metro Sol), en Madrid.

Toda la información se encuentra en el siguiente archivo adjunto y la inscripción online se encuentra en el enlace Taller “Ayudas para emprender”.

Si tienes más dudas puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de asesoría jurídica en el 807502019.



Coste del servicio 1,21 €/min fijo, 1,57 €/min móvil. +18 años impuestos incluidos. Responsable del Servicio Vicente Marín – Abogado Colg 4954 ICAGR Avenida Fernando de los Ríos 11, Portal 5, Oficina 22. 18100 Armilla – Granada

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La devolución de inmigrantes irregulares a España por parte de Francia asciende a 9.038 desde principios de año hasta ahora, es decir, el equivalente a casi 1000 personas por mes.

Desde que Francia estableciera controles aleatorios fronterizos, con el argumento de capturar posibles terroristas, esta cifra de devolución exprés ha aumentado un 26% respecto al año anterior.

La ciudad vasca de Irún, en particular, denuncia que se encuentra desbordada con los cientos de inmigrantes ilegales que a diario la gendarmería francesa está obligando a regresar a España.

El pasado mes de julio durante la reunión de los presidentes de ambos países, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, firmaron la Declaración de Madrid sobre inmigración con la intención de buscar “un modelo migratorio basado en la solidaridad y el respeto a los derechos humanos”.  Al mismo tiempo y, por contra, Francia establecía unos controles fronterizos con inspecciones casi infranqueables en medio del espacio Schengen, donde se suponía que debiera haber libertad de tránsito. Se respaldan en un artículo del Tratado que permite realizar controles fronterizos por razones de “seguridad nacional” tras los ataques yihadistas de 2015 en París, que no han tenido gran efectividad en la lucha contra el terrorismo, aunque sí contra la inmigración irregular.

Respecto a la expulsión de inmigrantes, Francia se sirve también de un Acuerdo Bilateral de 2002 que le permite devolver a las personas procedentes de España sin documentación necesaria durante las cuatro horas siguientes de su paso por la frontera. Este acuerdo prevé la entrega de inmigrantes a la policía española, o bien de la formalización de la devolución por escrito.

Distintas organizaciones pro derechos humanos denuncian que los migrantes son interceptados por las autoridades francesas tan pronto acceden a su territorio, devolviéndolos a España de forma inmediata. En algunas ocasiones activan el protocolo de readmisión para devolución de migrantes a España establecido en el citado Convenio Bilateral, pero la mayoría de veces les envían otra vez a territorio español “sin ningún tipo de garantías”.

Estas devoluciones exprés se cuestionan por la vulneración de los derechos de los migrantes, entre los que podría haber menores, solicitantes de asilo o víctimas de trata. Así mismo denuncian que otra falta de garantía es que, durante estos procedimientos, se carece de asistencia legal de asistentes jurídicos o abogados.

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