¿Por qué el día de los Derechos Humanos es clave hablar de violencia institucional ejercida sobre personas inmigrantes?

Fechas señaladas, como el Día de los Derechos Humanos, son un importante recordatorio de aquellos horizontes que aún tenemos por alcanzar, así como una ocasión para hacer el balance de las luces y sombras que encontramos en ese camino. El diagnóstico facilita que podamos armonizar la voluntad tanto política como social y hacer los llamamientos necesarios para que se encaminen hacia la causa común de poner a los derechos y a las personas, sin distinciones administrativas, de origen, género o condición étnico-racial, siempre en el centro de las sociedades. La declaración de los Derechos Humanos dicta que este cuerpo de derechos universales aplica, en virtud de ese principio, para todas las personas, sin importar la circunstancia, contexto o resto de condiciones. Es decir, que el respeto a la dignidad humana y acceso pleno a estos derechos debe anteponerse, en la ley y en la práctica, a cualquier tendencia que, en nombre de estrategias de seguridad nacional, por ejemplo, vulnerabilice o criminalice a las personas inmigrantes por el hecho de serlo. Un importante recordatorio tras el reciente cese, por ejemplo, de la comisión de investigación sobre la violencia institucional ejercida en la valla de Melilla, con el lamentable saldo de al menos 23 personas que intentaban migrar, fallecidas en esa frontera. Cada Estado, al ser titular de obligaciones con todas las personas que habitan o transitan por sus territorios, debe garantizar que las personas migrantes titulares de derechos puedan gozar de ellos sin que las propias instituciones, agentes o legislaciones en lugar de protegerlas, minen su cumplimiento. Además, deben velar porque todas las personas, especialmente las poblaciones más vulnerabilzadas, como mujeres y niñas, vean cumplidas las condiciones para la realización de derechos como la sanidad, la educación, la vivienda y el trabajo digno y el acceso a prestaciones sociales para mitigar las situaciones de especial agravamiento y exclusión social. Esto se traduce, para el caso de España, donde se calcula que hay unos 5 millones de personas extranjeras y entre 475.000 y 514.000 residiendo en España sin papeles, según un informe de la Fundación Por Causa y la campaña Esenciales, de las cuales 3 de cada una se considera infancia migrante, vean garantizado su empadronamiento en el lugar de residencia y la agilización de los trámites de extranjería para evitar que caigan en situación de vulnerabilidad, abuso o precariedad. Para el caso de muchas mujeres inmigrantes, supone el acceso adecuado a servicios de atención integral adaptados a sus circunstancias, que acompañen con calidad y calidez sus procesos de denuncia para casos de violencia machista, sin que ello suponga exponerse a la apertura de órdenes de expulsión o una revictimización constante por parte del funcionariado y la Administración Pública en general. Diagnosticar y humanizar para que los DDHH de mujeres inmigrantes cuenten La indefensión e inseguridad jurídico-administrativa y social que atraviesan muchas de estas mujeres en territorio español y, también, en la Comunidad Valenciana en particular, como ha revelado el estudio publicado este año por la Asociación Por Ti Mujer sobre las brechas de derechos de las mujeres inmigrantes en la Comunitat Valenciana, es una realidad común que requiere de múltiples esfuerzos […]