El 28 de diciembre de 2024, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cumplirá 20 años de su aprobación. La aprobación de esta ley supuso un reconocimiento pionero a la violencia estructural que sufren las mujeres por el hecho de serlo y, especialmente, cuando hablamos de relaciones con un componente sentimental entre víctima y victimario. Esta ley fue el resultado de haber computado 71 mujeres víctimas mortales a manos de sus parejas o ex parejas en 2003, de las cuales, ninguna había denunciado. Se advirtió entonces, que no se trataba de un hecho aislado y que requería un reconocimiento específico, así como medidas tanto de prevención como de intervención y reparación específicas. Así pues, este año se espera la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y es más necesario que nunca realizar una exhaustiva revisión de cada uno de los aspectos que regula el Pacto, debido al incesante aumento de las cifras de víctimas y las nuevas normativas aprobadas en relación con la Violencia de Género. En este sentido, cabe destacar la aprobación de la nueva Directiva del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, respecto de la cual debemos reconocer que la normativa española cumple con gran parte de los preceptos establecidos en la misma, pero que sin embargo, deberá revisar e implementar en su totalidad. En este último año, se ha destacado desde el Gobierno la importancia de analizar los casos de asesinatos de niños y niñas producto de la violencia vicaria, la necesidad de reforzar la coordinación entre órganos judiciales y administraciones, así como mejorar y aumentar la formación en perspectiva de género e infancia, concretamente en las Unidades de Coordinación de las Delegaciones del Gobierno y las Unidades de violencia sobre la mujer y, por supuesto, la necesidad de un aumento presupuestario. Sin embargo, se sigue sin reparar en otros aspectos fundamentales que presentan una relación directa con el mantenimiento elevado de las cifras de feminicidios. Las cifras continúan manifestando una gran dificultad de las víctimas al acceso a la justicia, es decir, la mayoría de ellas sigue sin denunciar. Asimismo, las cifras de solicitudes de órdenes de protección siguen siendo mínimas y, en relación con los asesinatos de los niños y niñas, es necesario revisar y mejorar las valoraciones de riesgo efectuadas a las víctimas, ya que suponen un instrumento indispensable en la concesión de las órdenes de protección judiciales. Además, cabe destacar la poca o nula regulación en las medidas del Pacto, así como en instrumentos europeos como la Directiva, sobre las mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Actualmente, las mismas son representadas en un 55,6% de las mujeres asesinadas en este 2024 a manos de sus parejas o ex parejas y, en 2023 fueron el 44,8% del total lo cual implica una sobrerrepresentación de las mismas en las cifras de violencia de género. En este sentido, hay que tener en cuenta el total de población extranjera que habita actualmente en España, ya que dicho porcentaje supone mucho […]
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