La paradoja regresiva del nuevo Reglamento de Extranjería
El nuevo Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024), vigente desde el 20 de mayo de 2025, introduce cambios sustanciales en los procedimientos migratorios y de protección internacional en España. La norma persigue objetivos aparentemente beneficiosos: agilizar procedimientos migratorios, reducir plazos administrativos y crear nuevas vías de residencia y trabajo mediante la ampliación y simplificación de las modalidades de arraigo social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones locales y juristas especializados en el tema han alertado sobre una paradoja preocupante: mientras se simplifican algunos procedimientos generales, se produce un “importante retroceso” para las personas solicitantes de protección internacional. El endurecimiento de las condiciones para acceder a la vía del arraigo tras una denegación firme de asilo, junto con la exclusión del tiempo de tramitación del cómputo de permanencia legal, sitúa a este colectivo en un limbo de desprotección jurídica que contradice los principios fundamentales del derecho internacional. Esta situación cobra especial gravedad cuando se analiza desde una perspectiva de género, ya que las mujeres solicitantes de asilo enfrentan vulnerabilidades específicas que el nuevo marco normativo no sólo desatiende, sino que potencialmente agrava. Las formas de persecución basadas en género, la violencia específica contra las mujeres en contextos de conflicto y desplazamiento, y las barreras estructurales que enfrentan para acceder a la protección efectiva, requieren un análisis diferenciado que visibilice estas realidades interseccionales. Desde un enfoque crítico basado en principios de derechos humanos y perspectiva de género, este documento examina cómo el nuevo reglamento profundiza las vulnerabilidades de las mujeres en el sistema de protección internacional, analiza las contradicciones entre los compromisos internacionales de España y la aplicación práctica de la norma, y evalúa el riesgo de perpetuar la invisibilización de formas específicas de persecución que afectan desproporcionadamente a las mujeres. El contexto en el que entra en vigor esta normativa está marcado por una presión sin precedentes sobre el sistema español de protección internacional. Según el Avance Mensual de Protección Internacional (abril 2025), entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025 se presentaron 51.389 solicitudes de protección internacional en España, de las cuales 22.001 corresponden a mujeres (42,8%) y 29.388 a hombres (57,2%). Estas cifras mantienen la tendencia al alza registrada en 2023 y 2024, donde se alcanzaron niveles históricos con más de 330.000 solicitudes en el bienio, manteniendo una participación femenina estable superior al 40% (Oficina de Asilo y Refugio, 2025). Dicha evolución cuantitativa ha consolidado a España como el segundo país receptor de peticiones de asilo en la Unión Europea (Parlamento Europeo, 2024), únicamente por detrás de Alemania y superando a Francia e Italia. Sin embargo, tras las estadísticas se oculta una realidad compleja que trasciende los números: las más de 22.000 mujeres que han solicitado protección en los primeros cuatro meses de 2025 representan historias individuales de persecución, violencia y vulneraciones de derechos humanos que requieren una respuesta especializada y sensible a las especificidades de género. La magnitud de estas cifras evidencia no sólo la creciente confianza en el sistema español de protección internacional, sino también la urgente necesidad de garantizar que las reformas normativas fortalezcan, y […]
