Sin genero de dudas

El desmantelamiento de la igualdad como principio democrático, vertebrador del desarrollo y convivencia pública, es el objeto de deseo en la ofensiva populista, rancia y misógina de Trump contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI); alienta la vuelta a una jerarquización de género, racial y social, un nuevo backlash contra las mujeres, los derechos humanos, el desarrollo económico y la sostenibilidad de la vida. A esta línea reaccionaria se han sumado multinacionales de la alimentación, tecnológicas y del motor (McDonald’s, Starbucks, Meta, Wallmart, Harley-Davidson, Ford o Nissan); en España, una de cada cuatro empresas incumple la obligación de tener aprobado una plan de igualdad.

Sobre este tipo de riesgo ya advertía Simone de Beauvoir: “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda la vida”. No se equivocaba, lo hemos comprobado en diferentes momentos políticos, a medida que la ola reaccionaria y misógina ha ido extendiendo sus garras. Uno de cada cuatro países registra retrocesos en los derechos de las mujeres.

Pretenden hacer que la desigualdad se perciba como algo natural, inevitable, justificando el asentamiento de privilegios culturales, económicos y políticos de una clase autoproclamada superior: hombres, blancos y cristianos del norte global. Un burdo intento de manipulación y control puesto al descubierto desde la evidencia científica.

El desmantelamiento del USAID tendrá graves efectos sobre las vidas de millones de personas, en situación de mayor vulnerabilidad y de países empobrecidos; dicho organismo norteamericano financiaba el desarrollo internacional con políticas y proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acción humanitaria, reducción de la pobreza, enfermedades endémicas y prevención y respuesta a la violencia de género en 130 países. La gravedad es mayor ante el riesgo de contagio a otros países de los recortes selectivos de Trump y la internacional ultraderechista. La financiación al desarrollo ha descendido por primera vez en ocho años, reduciendo los fondos de la Ayuda al Desarrollo asignada a la defensa de los derechos humanos, salud, educación, igualdad de género, alimentación y erradicación de la pobreza al 0,33% del PIB (0,25% en el caso español), muy lejos del compromiso del 0,7% establecido en 1970 que solo cumplen cuatro países europeos: Noruega, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca.

Ruido

Que la complejidad del ruido geopolítico no nos distraiga.

Recuperemos la mirada crítica ante las inercias y modelos económicos tradicionales que perpetúan la desigualdad y actuemos, ante las consecuencias que el viraje de las  estrategias financieras provocará sobre las condiciones de vida. Se trata de una alerta explícita, de cara a la cuarta conferencia internacional de la ONU sobre financiación al desarrollo (FfD4). Son muchos los retos a incluir en la agenda de dicho evento y, aunque hay suficientes evidencias de que invertir en igualdad es clave para la economía y el desarrollo sostenible, la coyuntura política marca la agenda económica; en el debate sobre la arquitectura financiera internacional, los países tienen la oportunidad de apartarse de las bravuconadas anti-derechos, la escalada militarista y genocida y alinearse decididamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres.

Artículo publicado originalmente en Alternativas Económicas.

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Hablemos de dinero; o más bien, de su carencia y de lo que provoca. Hablemos de cómo el empobrecimiento sirve de brazo ejecutor de un sistema extractivista aferrado a la desigualdad y a la privación de recursos de vida a una parte importante de la población y territorios. Hablemos de violencia económica estructural, la estrategia orientada a establecer un determinado disciplinamiento social que se ceba en las mujeres, como una forma de control y explotación que limita su emancipación. Hablemos de poder capitalista y patriarcal; o mejor aún, de cómo subvertirlo y de generar alternativas emancipadoras desde las políticas municipales.

Este fue el subtexto que acompañó mi participación en la edición de la jornada sobre ‘Converses Feministes’ del Ayuntamiento de Barcelona, que tuvieron lugar el pasado fin de semana en el Centre cultural del Born. Una estupenda oportunidad para seguir compartiendo diálogos abiertos, reflexiones y propuestas entre feministas, que adquiere mayor relevancia en el contexto actual, de amenaza directa a los derechos humanos y al avance de las políticas de igualdad.

Una de las cuestiones más repetidas en este evento fue la referencia a las tres décadas transcurridas de lo que se considera la hoja de ruta más visionaria para el avance jurídico, social y económico de los derechos de las mujeres en el mundo: el balance de Beijing+30, que deja grandes claroscuros. El balance muestra avances: más mujeres en puestos de liderazgo, expansión de la educación de las niñas y mejora en algunos marcos legales fundamentales para promover la igualdad de género, así como los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y, sin embargo, las mujeres siguen enfrentándose a barreras y obstáculos como la todavía escasa representación en puestos de liderazgo, las normas sociales y estereotipos arraigados que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres, agravadas por las diferentes formas de violencia de género que sigue siendo el principal problema generalizado que atenta contra la vida y el bienestar físico, mental y económico de las mujeres, en todas las regiones del mundo.

La violencia socioeconómica contra las mujeres se incluyó a través del Convenio de Estambul como parte de la violencia de género, tipificando con ello la violencia económica como un delito; en ese mismo sentido se incluyó también en la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, realizada en febrero de 2025, por la que se amplían las medidas a 462 y las tipologías de violencia, incluyendo la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia digital. Se trata de una ampliación muy necesaria, que cuenta también con un aumento del 50% en la dotación presupuestaria; no obstante, al estar enmarcada la violencia de genero en las relaciones afectivas o sentimentales, resulta insuficiente. En este contexto, se produce violencia económica cuando se excluye o restringe el acceso de las mujeres a los recursos monetarios y patrimoniales, con la intención de ejercer sobre ellas un control y hacerla depender económicamente de una relación de pareja tóxica, cercenando sus oportunidades de emancipación. Un 11,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia económica por parte de su pareja o expareja, es decir, control y limitación del acceso a recursos financieros, como el acceso a la cuenta bancaria e impedimentos para acceder a necesidades básicas, sabotaje laboral, acoso, explotación económica o impago de las pensiones alimenticias (comportamientos tipificados ya como delito).

Sugiero ampliar el foco de atención hacia el empobrecimiento generalizado de las mujeres en el mundo; se trata de una violencia económica estructural dirigida al disciplinamiento en un determinado estatus quo y orden de género que explica la cronificación de las desigualdades económicas que se ceban en las mujeres y las niñas y que frenan su empoderamiento y su participación económica plena mientras florece, alimentada directamente por la pobreza monetaria, la trata y tráfico de seres humanos como segundo gran negocio mundial tras el tráfico de armas y a la par del narcotráfico.

Tres cuartas partes del mercadeo de personas lo son con fines de explotación sexual, el 98% son mujeres y niñas, cada vez más jóvenes y consumibles. Es una realidad brutalmente deshumanizante que hay que confrontar abierta y explícitamente.

El empoderamiento económico de las mujeres es clave para la salud, el bienestar, el desarrollo y la prosperidad general; requiere de un compromiso firme con la eliminación de la precariedad y de la pobreza, en su múltiple dimensión y una apuesta decidida por la inclusión financiera, la cooperación multinivel y el emprendimiento colectivo y social liderado por mujeres como sujetos económicos de pleno derecho. Poner la atención y movilizar recursos para garantizar condiciones materiales dignas a la mitad de la humanidad es un desafío importante para acabar con la violencia económica estructural.

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Se cumplen 20 años de Congresos de Economía Feminista en el Estado español. Se dice pronto, aunque el recorrido ha sido intenso, lleno de contenido y han tenido que ir adaptándose a un contexto de complejidad creciente; repasando las citas, creo no haberme perdido ninguna cita de las que ha ido nutriendo la agenda de la economía feminista.

Los Congresos de Economía Feminista han estado promovidos por la red de Economía Feminista de ámbito estatal desde el año 2005. Se trata de convocatorias bianuales que han ido alternándose con los Congresos de Economía Crítica, que es desde donde se empezó a materializar la necesidad de una convocatoria específica de análisis y alternativas desde la economía feminista. En todas las ediciones de los Congresos de Economía Feminista se han congregado numerosas personas, mayoritariamente mujeres, procedente del ámbito académico, del activismo feminista y también del tercer sector y otras economías alternativas. En la edición de 2025 se cumplen 20 años de Congresos de Economía Feminista en el estado español; será la IX en el recuento oficial de los Congresos de Economía Feminista y tendrá lugar en Sevilla, propiciada por la UPO-Carmona, recogiendo el testigo y las semillas de las ediciones anteriores. 

La primera edición se celebró en Bilbao (2005), y las siguientes ediciones y jornadas inter-congresos tuvieron lugar en Zaragoza (2007), UPO-Baeza (2009), Madrid (2011), UPO-Carmona (2013), Vic (2015), Madrid (2017), Valencia (2019), Bilbao (2021) y Barcelona (2023). En todas las ediciones se consiguieron unos excelentes resultados en cuanto a asistencia, participación investigadora y debate social, que ha ido aumentando progresivamente; la última edición, en Barcelona, contó con la participación de 500 personas de diferentes países; anteriormente, la edición de Valencia, previa a la pandemia, había reunido a más de 300 participantes, y la edición posterior a la pandemia, la de Bilbao, consiguió un aumento de la participación, abriendo su formato a la modalidad online.

La convocatoria del IX Congreso de Economía Feminista se encuentra un contexto de creciente complejidad con giros bruscos de la geopolítica y amenazas directas a la democracia, los derechos humanos, las mujeres y la igualdad. Una cita ineludible para reforzar, ahora, más que nunca, losa avances conseguidos en materia de derechos y la urgente necesidad de alternativas y transformaciones feministas de la economía, el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad de la vida y un nuevo contrato social. El IX Congreso tendrá lugar en Sevilla-Carmona, del 2 al 4 de Octubre de 2025.

Inscripciones con pago reducido hasta el 15 de abril.

14 ejes temáticos son los que están previstos abordar en la IX edición del Congreso de Economía Feminista:

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Las mujeres seguimos estando en todas partes y la amenaza explícita del machismo y la violencia sexual pone en riesgo nuestros derechos humanos; por ello, un año más, este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, alzamos la voz desde diferentes lugares del mundo para clamar por nuestros derechos, derechos para todas las mujeres y las niñas. Por mí, por ti, por nosotras, por ellas, por las que ya no están.

No corren buenos tiempos para las mujeres ni para el necesario avance de la igualdad; la amenaza global de la ultraderecha y la ola reaccionaria de los grupos misóginos y antifeministas se ha hecho real; ya gobiernan en algunas de las plazas institucionales representativas de lo que pretende sea el nuevo ‘orden mundial’ y han entrado en los parlamentos de un gran número de Estados, lo que está propiciando la normalización de las ultraderechas. Desde esos púlpitos inyectan su odio, su revanchismo y violencia, negando la existencia de violencias machistas y votando en contra de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. La voz de las mujeres ha sido silenciada de cuajo en Afganistán, y mientras tanto, en la Unión Europea, una cuarta parte de los estados miembros siguen sin ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento legal para combatir las violencias contra las mujeres y niñas.

Han pasado 30 años desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 en la que se establecieron compromisos importantes y concretos para el avance efectivo de los derechos de las mujeres y las niñas en doce ámbitos estratégicos: pobreza, educación, salud, violencia, economía, toma de decisiones, derechos humanos, medios de comunicación, medioambiente, infancia y conflictos armados; si bien ha habido algunos avances, en ninguno de esos ámbitos se han alcanzado los objetivos a los que se comprometieron los 189 países firmantes de la Declaración de Beijng. Ese mismo camino parece seguir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y particularmente el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres, ODS5; de hecho, ningún indicador del ODS 5 ha alcanzado la meta o está en vías de alcanzarla; algunos derechos están en grave riesgo de involución, como los derechos sexuales y reproductivos y otros como los derechos económicos de las mujeres siguen quedándose fuera de las agendas políticas, económicas y de negociación sindical en gran parte del mundo.

Este 8 de marzo discurre en un contexto difícil, complejo, rearmándose para la guerra, en contra del sentido común y la sostenibilidad de la vida y con una miopía patriarcal creciendo en parte de la población masculina, que sigue haciendo como que ‘no ve’ y no percibe la desigualdad. Por ello, más que nunca, este 8 de marzo nos interpela directamente a la acción colectiva y reivindicativa por los derechos de todas, a volver a tejer alianzas múltiples para recorrer el camino juntas, por la igualdad y para que los derechos humanos arropen las vidas de las mujeres y de las niñas en todo el mundo. Somos el 52% de la población, no lo olvidemos. Exijamos juntas este 8 de marzo derechos para todas, más feminismo y más democracia y que la igualdad impregne las agendas políticas, económicas y sociales, que llegue a los corazones y se reivindique de manera decidida, con recursos y financiación suficiente y una hoja de ruta para la justicia redistributiva.

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Un 8M por la corresponsabilidad o cómo implicar a los hombres contra la desigualdad es el título de la entrevista que me hizo Carmen Reina con motivo del 8M y de la conferencia que realizaré el próximo 12 de marzo en Córdoba: Claves para avanzar en Igualdad: cuidados y corresponsabilidad tras la cual se realizará una mesa redonda sobre el tema con Isabel M Sánchez Cabeza, Walada de la Mata y Belén Milán Pérez.

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el manifiesto que se leerá en Córdoba tras la manifestación volverá a reclamar que las tareas de los cuidados familiares y sociales no recaigan mayoritariamente en las mujeres, poniéndolas en desventaja -en desigualdad- frente a los hombres en el resto de ámbitos de la vida. Se reclamará la igualdad real en la vida de mujeres y hombres, contra esa brecha de base que expertas señalan cómo afecta al resto de ámbitos y donde es clave la participación corresponsable de los varones. Clave en ese “equilibrio de tiempos” que también centra y se reclama desde el programa de actividades del Ayuntamiento de Córdoba por este 8M.

“A día de hoy, avanzar en igualdad es dar el salto de la conciliación a la corresponsabilidad”. Quien realiza esta afirmación es la economista y experta consultora de género Carmen Castro García, impulsora en su día de la petición de permisos igualitarios por nacimiento o adopción para hombres y mujeres, precisamente para equilibrar esos tiempos de cuidados. En unos días, pronunciará en Córdoba una conferencia para abordar los cuidados y la corresponsabilidad como claves en el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres que se reivindica el 8M y, sobre ello, ha avanzado algunas claves en conversación con Cordópolis.

“La necesidad de conciliación nos afecta a todas las personas, conciliar los tiempos de responsabilidades laborales, familiares, las personales y las sociales. Y ahí surge ‘la casualidad’: hay una gran brecha entre quienes tienen dificultad para hacerlo que son, fundamentalmente, las mujeres. Entre los hombres, hay una especie de ‘miopía’: no ven la necesidad de implicarse, no llegan a verlo, no lo perciben”. Por eso, advierte, es clave esa implicación de los varones en la lucha contra la desigualdad de género.

Se trata de que la población masculina vea esa necesidad de equilibrar las tareas de cuidados, de involucrarse y de cómo el mayor coste que asumen las mujeres actualmente por ello, genera la brecha de desigualdad entre géneros. “Esa brecha de género por el factor cuidado es determinante e influye en otras brechas, donde las mujeres están en situación desventaja”, explica Castro García. “Y eso no está resuelto, los indicadores nos dicen que la brecha de género no se reduce. Se sigue asentando la división sexual del trabajo y los roles que hemos aprendido de manera diferente mujeres y hombres”.

Y los datos lo avalan: en edades entre los 30 y 45 años, son seis de cada diez las mujeres que se ocupan prácticamente en exclusividad de las tareas domésticas, cuando en los varones no llegan ni al 15%, muestra esta experta. Y eso se agrava, avisa, con la educación: “En general, a los niños, los jóvenes y los hombres adultos no se les ha educado para aprender a ver la desigualdad”. “Esa ‘miopía’ se acaba convirtiendo en una característica bastante generalizada en la población masculina y no perciben esa desigualdad”.

¿Qué hacer ante esta realidad? ¿Cómo cerrar esa brecha de género? Esta experta en modelos de bienestar y políticas de igualdad aboga precisamente por que la sociedad sea capaz de “explicitar cómo atender las necesidades de cuidados” de todas las personas, cómo hacerlo, cómo organizarlo, con qué políticas y cómo repartir equilibradamente ese tiempo de dedicación entre mujeres y hombres. “Porque si no, se actúa por inercia, y la inercia de lo aprendido es que las mujeres sean las que se ocupen de eso”.

En esa búsqueda del reequilibrio de los tiempos, de la corresponsabilidad, está el uso de los tiempos como un factor clave. El Instituto Nacional de Estadística (INE) no publica una encuesta sobre el empleo del tiempo a nivel nacional desde el año 2010: “El estudio de los usos del tiempo es un indicador clave para ver cómo están cambiando, qué hacemos las mujeres y los hombres respecto al tiempo de trabajo, de descanso, de cuidados, de ocio, de tareas domésticas…”.

Muchos indicadores, por ejemplo de empleo, muestran esa realidad, con la temporalidad mayoritaria en trabajos de mujeres por no poder dedicar más tiempo a causa de sus ocupaciones en el hogar y los cuidados, o directamente en la tasa de población inactiva o de población que menos tiempo dedica al ocio.

“¿Cómo dar ese salto de la conciliación a la corresponsabilidad? Asumiendo que ese camino a la igualdad requiere la responsabilidad colectiva, el aportar y hacernos corresponsables de cómo organizarnos, para no consentir que la brecha de género se quede ahí por inercia”, sostiene Castro García.

Y en ese objetivo, se trataría de aunar “conjuntamente la acción de las instituciones, las empresas, la sociedad civil, hombres y mujeres”. Y algo muy importante para sentar las bases de ese cambio: “Hay que incorporarlo en la estrategia de cómo educamos a niños y niñas, en aprender el cuidado, la empatía, el amor. Entonces, tendremos jóvenes que reproduzcan en menor medida comportamientos tóxicos”.

Para esta experta, la acción es de toda la sociedad, pero “las administraciones públicas deberían estar facilitando un paraguas de posibilidades, de protección de derechos, porque el cuidado también es un derecho. Y cuando eso no se facilita desde los servicios públicos y no está a tu alcance económicamente, pues se hace como siempre: lo hacen las mujeres”.

Experiencias para la corresponsabilidad hay, recuerda precisamente sobre cómo un cambio legislativo para hacer igualitarios los permisos por nacimiento o adopción provocó que los hombres que han sido padres se impliquen y ejerzan esa corresponsabilidad en los cuidados de los hijos. “Hay políticas públicas que nos dicen que es posible influir, acelerar cambios de comportamientos hacia una mayor corresponsabilidad”.

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