
Desde nuestra asociación, nos preocupa enormemente que se sigan propagando conductas violentas y con carácter sexual hacia las mujeres que se encuentran en situación de exclusión social y sus familias, entre las que se encuentran las mujeres inmigrantes. Según la última Macroencuesta de violencia contra la mujer en 2019, el 8,9% (1.810.948 mujeres), de 16 o más años, residentes en España, ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Por su parte, en el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual (Ministerio del Interior, 2019), los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, presentan una de las más altas tasas de esclarecimiento, situándose con el mayor porcentaje los delitos relativos a la prostitución. Respecto a este dato, un informe de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la mujer Prostituida (APRAMP, 2017), calcula que entre 40.000 y 50.000 mujeres y niñas son víctimas de la trata de seres humanos, procedentes de África subsahariana, países del Este, Brasil y Centroamérica; donde España, se convierte en el punto de mira del comercio de explotación sexual de mujeres, situándose como uno de los países con más hombres que pagan por sexo: el tercero del mundo. En este contexto, son las mujeres inmigrantes las que mayormente se encuentran afectadas por esta problemática, que como consecuencia presentan afectaciones en varias esferas de sus vidas. A nivel jurídico, las víctimas se encuentran en desamparo y desprotección, especialmente aquellas mujeres con situación administrativa irregular que presentan barreras para el acceso a una denuncia segura.